Primer round Romero-Rodríguez: Fallido acto de conciliación previo a la demanda

jueves 18 de diciembre de 2014, 11:12h
La auxiliar de enfermería solicita al exconsejero de Sanidad madrileño una indemnización de 150.000 euros por mancillar su honor con acusaciones falsas. Una cuantía que entregará a diversas ONG's,

; La auxiliar de enfermería Teresa Romero y el exconsejero de Sanidad Javier Rodríguez, a través de un abogado de la Comunidad de Madrid, no han llegado a un acuerdo en el acto de conciliación previo a la demanda que presentará en los próximos días por mancillar su derecho al honor.

; ; Así lo has explicado Javier Limón a la salida de los Juzgados en los que ha criticado que no se haya presentado el exconsejero. En su representación ha venido un letrado de la Comunidad de Madrid que se ha negado a llegar a atender las demandas del matrimonio.

; ; Acompañado por Teresa Romero y por uno de sus abogados, Javier Limón ha destacado que ellos habían venido con "todas las intenciones" de conciliar y que no se ha presentado, destacando que ahora tendrán que valorar si presentan una demanda.

; ; "Hemos venido a conciliar. No endentemos por qué no ha venido. Siempre se ha quejado de que no queríamos hablar con él y este era el lugar para conciliar. No entendemos por qué manda a un letrado de la Comunidad cuando lo pagamos todos", ha denunciado.


;Poco antes el abogado explicaba que si no se llegaba a un acuerdo en el acto y se acepta esta cuantía, se interpondrá la demanda civil, cuyo principal objetivo es que "se limpie la imagen de Teresa", que superó con éxito el virus del ébola.

En el escrito judicial, al que tuvo acceso Europa Press, se especifica que se trata de "una demanda de juicio ordinario relativa a la protección del derecho al honor y a la intimidad" de Teresa Romero, quien estuvo casi un mes en una habitación de aislamiento del Hospital Carlos III de Madrid.

ALEGACIONES "FALSAS"

En el relato de los hechos, el abogado de Romero narra que el exconsejero madrileño ha realizado una serie de alegaciones en diferentes medios que, a su juicio de esta defensa, "atentan gravemente contra el derecho al honor e intimidad" de la auxiliar de enfermería.

Cita por ejemplo que el pasado 8 de octubre, Rodríguez afirmó que la enfermera con ébola "ocultó" al médico de atención primaria que había estado en contacto con el misionero Manuel García Viejo. Además, dijo que "pudo haber estado mintiendo" sobre su fiebre.

En su comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea, el consejero manifestó que "también había negado ninguna alteración en el protocolo, hasta que hoy ha reconocido a su médico que probablemente cometió un error, porque al desvestirse tuvo un contacto directamente con su cuerpo con un guante".

Agrega que el demandado atentó entonces gravemente el honor de Teresa afirmando manifestaciones tales como "quizá porque sospechaba que estaba infectada, durante toda la semana prácticamente no salió de su casa" o "porque después de ir al médico se fue a la peluquería y la estuvieron depilando" o "está paciente nunca superó esta cifra, también es verdad que a raíz de los resultados nos pudo estar mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha".

También menciona que en un programa de televisión, el dirigente popular señaló el 9 de octubre que "reconocer el fallo a tiempo hubiera hecho que los protocolos de actuación se hubieran activado antes". "Ha tardado días en reconocer que pudo tener un fallo al quitarse el traje. Si lo hubiera dicho antes, habríamos ahorrado mucho trabajo", dijo.

Por todo ello, esta defensa sostiene que "las declaraciones vertidas por Francisco Javier Rodríguez son rotundamente falsas y atentan claramente contra los derechos constitucionales del honor e intimidad" de su representada.

UN DAÑO A LA AUXILIAR

De este modo, manifiesta que "es necesario recalcar" que a tenor de estas manifestaciones se atentó contra el honor de Romero, lo que le produjo un daño.

Resulta "palmario el manifiesto daño moral que se ha originado al haberse producido las difamaciones y de graves consecuencias que acarrean los hechos que a ella se le imputan, pues se está hablando de hechos gravísimos para su persona, tema de gran candencia informativa y de enorme repercusión por tanto para su persona", agrega la demanda.

Así, señala que probada la intromisión ilegítima en el derecho a su honor se tendrá que señalar la indemnización que estiman en 150.000 euros, una cantidad que se habría generado "con las noticias que se emiten de su persona, además del daño ocasionado" por las declaraciones vertidas.

En los fundamentos de derecho se alega que la competente es la jurisdicción civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


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