Becerril acusa al Ayuntamiento de Robledo de incumplir con el empadronamiento de inmigrantes

El Defensor del Pueblo ha acusado al Ayuntamiento de Robledo de Chavela de incumplir su deber de informar a dicha institución sobre el empadronamiento de inmigrantes y ha denunciado la "falta de colaboración" por parte de la corporación local.

Así consta en un escrito remitido al Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid en respuesta a la diputada Carmen Toledano, quien se había dirigido a dicha institución para poner de manifiesto que el alcalde de Robledo de Chavela, Mario de la Fuente, está incumpliendo la legislación vigente sobre empadronamiento de inmigrantes.

En concreto, Toledano se refiere a la Ley de Bases de Régimen Local, que señala que "todo español o extranjero que viva en territorio español deberá estar empadronado en el Municipio en el que resida habitualmente".

A este respecto, sostenía que "siendo los ayuntamientos entidades que no tienen competencias en la determinación sobre la legalidad o no de la estancia de un extranjero puesto que dichas competencias recaen en el Ministerio del Interior, sí es obligación de un Ayuntamiento llevar un registro de empadronamiento con independencia de la residencia legal del vecino".

Por su parte, el Defensor del Pueblo ha constatado que "el Ayuntamiento de Robledo de Chavela no realiza las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizado su padrón, de modo que los datos contenidos en éste concuerden con la realidad", ha indicado en su escrito.

En las recomendaciones que ha realizado a través del citado escrito, ha requerido al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que, al amparo de la normativa vigente, ejercite la acción sustitutoria frente al Ayuntamiento y proceda a la adecuación de su padrón municipal.

Según el escrito firmado por el adjunto primero de la institución, Francisco Fernández, la Delegación del Gobierno en la Comunidad ya instó al INE, en enero pasado, a que, en el supuesto de que el Ayuntamiento de Robledo de Chavela estuviera dificultando el empadronamiento de personas que viven en el municipio, procediera a la ejecución sustitutoria.

Sin embargo, dicho instituto se limitó a contestar con los argumentos jurídicos contenidos en un informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía por un caso similar, ha recordado el Defensor del Pueblo, al tiempo que ha señalado que "esta institución no puede considerar fundada la pasividad mostrada por el INE ante el incumplimiento por un ayuntamiento de las obligaciones que la ley le impone sobre el padrón municipal".

"Si sistemáticamente el ayuntamiento no empadrona a ciudadanos o grupos de ciudadanos que residen en el municipio, no solamente se les perjudica en sus derechos administrativos, sino también en otros de carácter económico o social así como en sus derechos políticos al verse excluidos del Censo Electoral", ha advertido la institución que encabeza Soledad Becerril.

Seguidamente, ha agregado que las administraciones directa o indirectamente relacionadas con el empadronamiento deben adoptar todas las medidas que les correspondan para asegurar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, "no obstaculizando su ejercicio", y añade que deben tener muy presente los derechos que derivan de un modo u otro por el mero hecho de tener la condición de vecino.

El Defensor del Pueblo también ha instado al INE a que emita una circular dirigida a los Ayuntamientos recordándoles sus obligaciones legales en relación con el padrón municipal, así como la facultad de actuación sustitutoria que puede ejercitar el instituto.

Además, le ha propuesto que sugiera la modificación de la actual legislación, si considera que ésta le impide o limita la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que reparen las actuaciones u omisiones contrarias a la ley que realicen los ayuntamientos sobre empadronamiento, "especialmente cuando se perjudiquen los derechos fundamentales de los ciudadanos".

"UN TIRÓN DE OREJAS"

Para la diputada socialista, el Defensor del Pueblo "viene a confirmar y a dar la razón a las múltiples peticiones realizadas desde el Grupo Municipal Socialista en Robledo, así como desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, junto a numerosas demandas de asociaciones y entidades sociales que han reclamado la necesidad de empadronar a todos los vecinos de un municipio".

A su juicio, la contestación del Defensor del Pueblo supone "un tirón de orejas" al alcalde de Robledo, cuya actitud ha tachado de "prepotente" y "antidemocrática", y "un aviso a navegantes", respecto a todos aquellos ayuntamientos que pretendan limitar el derecho de cualquier ciudadano a ser empadronado.