La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha recogido ya miles de decenas de firmas (cerca de 25.000) para respaldar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para implantar la dación en pago, establecer un proceso de moratoria de lanzamientos forzosos e implantar alquileres sociales para que los afectados puedan permanecer en las viviendas.

El asesor jurídico de la Plataforma, Rafael Mayoral, ha detallado a Europa Press que la jornada extraordinaria de recogida de firmas celebrada ayer para impulsar la ILP ha arroja datos positivos. En este sentido, desde la Plataforma se apunta a que el recuento puede alcanzar de momento las 25.000 firmas sin contar con las recabadas en los municipios colindantes a Madrid Capital.

Mayoral ha detallado que este lunes se ha puesto de manifiesto la preocupante situación que presentan los lanzamientos forzosos, que han aumentado un 30 por ciento, según los datos de la Plataforma; lo que supone a su juicio "una cifra inasumible" en la actual situación social que presenta la región y el país en general.

También ha criticado la "incomprensible" actitud de la banca española que, pese a que ha sido rescatada, mantiene su actitud de proceder a desahucios y dejar viviendas vacías, en lugar de adoptar medidas de alquiler social.

Con ello, el asesor legal de la Plataforma entiende que se fomenta la "exclusión social" de las personas más vulnerables ante la crisis e incluso problemas en comunidades de vecinos ante el elevado número de viviendas vacías.

Asimismo, ha remarcado que para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca la situación de los procesos de desahucio forzosos supone una "vulneración" de los derechos humanos, en virtud de lo dispuesto por derecho internacional, y de la que es responsable el Estado español. Por ello, ha animado a que los juzgados actúen ante esta situación.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca estima que se han producido cerca de 526 desahucios forzosos entre el 1 de abril y el 30 de junio del presente año, de los cuales 103 se han llevado a cabo en la Comunidad. Por ello, se ha exigido a los poderes públicos que tomen medida para frenar esta dinámica.