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Hemeroteca :: Edición del 22/07/2010 | Salir de la hemeroteca

21/07/2010.- El espionaje entre políticos del mismo bando y la huelga de los trabajadores de Metro, sobre todo por el no respeto decidido a los servicios mínimos, parecía que se convertirían en los temas de moda en la Asamblea de Madrid, en periodo inhábil hasta comienzos de septiembre.

Se preveía que la Diputación Permanente de la Cámara regional sería el lugar de debate de estas cuestiones. Pero de pronto, una juez decide archivar el caso de los espías porque no encuentra delito en los seguimientos que alguien decidió realizar a Alfredo Prada, ex vicepresidente de Esperanza Aguirre y responsable de los temas de Seguridad en los tiempos anteriores a la llegada del actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados; Manolo Cobo, mano derecha del alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y la diputada popular Carmen Rodríguez Flores.

Los espiados recurrirán esta decisión judicial y también el PSM, que, por voluntad de su secretario general, Tomás Gómez, tomó este asunto como uno de los temas para darle caña al PP y a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, quien tomó la decisión de poner de patitas en la calle al director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, al conocer unas declaraciones de su ex mujer en las que señala que su antiguo marido y policía era el que ordenaba seguir para otros y otras cosas que no son ejemplares en un señor que se va a divorciar.

Lo de los espías dejará de ser actualidad porque en esta batalla de tontos y listos buscando un documento delator no hay un ganador. También porque pocos han puesto el dedo en la llaga de la privacidad, tan importante en un Estado de derecho y tan poco tenido en cuenta por unos y otros.

Pasa más o menos lo mismo con el conflicto de los trabajadores de Metro, después de una huelga, salvaje para los que apoyan  que los recortes del decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se apliquen en Madrid añadiendo al recorte a los empleados públicos el descuento salarial a los trabajadores de empresas públicas como Metro, Telemadrid o Canal de Isabel II.

El acuerdo entre la empresa y los empleados metropolitanos significa el fin de un conflicto que nunca debió iniciarse y un desaire a los trabajadores de Telemadrid y Canal de Isabel II, quienes cobrarán un 5% menos y verán con envidia que a sus colegas de Metro sólo les quitarán el 1% por hacer huelga en defensa de su convenio colectivo. Sin espías y sin problemas en  Metro, sus señorías tendrán que buscar otros asuntos para llevar a debate a la Diputación Permanente..




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