El PP, que responsabiliza al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de obligar al Ejecutivo autonómico a recortar sueldos por sus actuaciones contra la crisis económica, metió una enmienda a su propia proposición para aplicar su reducción salarial a los trabajadores metropolitanos de manera más flexible que al resto de recortados.

El diputado del PP Pedro Muñoz Abrines justifica lo aprobado enel deseo autonómico deno ser injustos con otros sectores públicos como la Sanidad o la Educación. Dijo que no hay razones para bajar un 5% el sueldo de médicos o maestros y no a los conductores y demás empleados de Metro. El diputado de IU Miguel Reneses recordó que la coalición rechaza los recortes de Zapatero y también los de Aguirre y acusa a ambos gobiernos de ser débiles con los mercados y de imponer sus medidas a los que nada tienen que ver con la crisis.

El parlamentario socialista Adolfo Piñedo nada dijo de los recortes de Zapatero y sí de las medidas de Aguirre, a la que acusó de ir más lejos que el mandatario español por extender los recortes a los trabajadores de empresas públicas, no incluidos por el Gobierno de España. Vino a decir que a la mandataria madrileña le parecen poco de derechas las medidas de Zapatero y por eso metió a los empleados de Metro, Telemadrid o Canal de Isabel II. La huelga de Metro paró la capital y mosqueó a muchos usuarios por no cumplirse los servicios mínimos, que para muchos son abusivos y no permiten que la movilización se note.

De nuevo, Izquierda Unida se mantuvo firme en su defensa de la huelga, los socialistas siguieron con su indefinición y el PP acusó al PSM de estar con los que hicieron la puñeta a los madrileños. Hay muchas posibilidades de que la Comunidad de Madrid llegue a un acuerdo con los huelguistas que suponga eliminar el mayor número de sanciones por no respetar los servicios mínimos y la vuelta a la normalidad. Puede que el descuento en sus nóminas sea menor que el que sufrirán los trabajadores del Canal de Isabel II o los de Telemadrid. Si esto sucede, se demostrará que la movilización es útil para impedir que el daño sea tan grande como el previsto por los recortadores y también que se habrá producido un agravio comparativo, ya que el que no se mueve se queda con menos salario.

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