Unas centrales sindicales que para Aguirre son prolongación, y razones para creerlo no le faltan, de la oposición que se sienta en los banquillos de la Asamblea de Madrid, fundamentalmente del PSOE, formación con la que no sólo han caminado de la mano en los últimos años, sino que, incluso, han superado a la hora de llevar la iniciativa en la ofensiva contra la lideresa popular.

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   • Aguirre, al igual que hiciera Thather,  lleva tiempo por su parte intentando acotar la influencia de los sindicatos, a los que ha recriminado en no pocas ocasiones la “privilegiada” situación de sus dirigentes respecto al resto de trabajadores. En el conflicto del Metro, la presidenta madrileña parece dispuesta a mostrar su mano de hierro (no le ha temblado el pulso a la hora de abrir expedientes y llevar determinada acciones de los piquetes a la justicia) en lo que tilda de simple “huelga política” contra ella y el PP. Ahora habrá que ver si aguanta el tirón de una Comunidad sumida en el caos por los huelguistas. Los sindicatos han encontrado en Madrid el campo donde ensayar la huelga general del próximo 29 de septiembre, mientras los socialistas (IU se mantiene en su papel apoyando a los sindicatos) obvia ese clásico del refranero que dice que “cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar”.    
   
   
   
   

Llamándose a andanas y obviando la que se le avecina el 29 de septiembre, o lo que ocurre ya a las puertas de algunos consistorios madrileños, el PSOE no ha dudado en señalar con dedo acusador  del caos a Esperanza Aguirre.

Lo ha hecho Teresa Fernández de la Vega, también Tomás Gómez y tampoco ha dejado pasar la ocasión el alcalde de Getafe, Pedro Castro, que cobra así factura a la presidenta de la Comunidad de alguna que otra afrenta pendiente, véase, entre otras, el vodevil mediático montado contra los regidores socialistas del Sur por sus coches oficiales cuando fueron a la Real Casa de Correos.  

Como si no fuera con ellos y en un acto de puro funambulismo político, los socialistas se han rasgado las vestiduras,  enarbolando la bandera de los trabajadores, con el decreto de Aguirre ampliando a los trabajadores de las empresas públicas el recorte salarial del 5% a los funcionarios impuesto por Zapatero.

En cualquier caso, el PSOE ha encontrado munición contra Aguirre en el hecho de que la presidenta madrileña haya ido más allá de lo que le obliga la Ley de Zapatero, algo que a nadie puede extrañar en una liberal acérrima como la lideresa. Claro que no todo el PSOE es tan cortoplacista, ni ve la paja en el ojo ajeno. José Blanco, José Antonio Alonso, Miguel Sebastián o, incluso, Alfredo Pérez Rubalcaba, sí han puesto sus barbas a remojar en este asunto y, curándose en salud, han criticado abiertamente el incumplimiento de los servicios mínimos. Es más, en el caso del ministro de Fomento, no sólo ha calificado la situación de “intolerable”, sino que también cree que debe sancionarse a quienes han incumplido la ley.

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