Los inversores – esa parte esencial del mercado – comienzan a trabajar en lo suyo. Siguen a la caza de las mejores “ gangas” pero se muestran dispuestos a asumir riesgos. Mínimos, pero riesgos. Saben, al igual que las entidades financieras, que hay activos que no valen nada: por su situación geográfica, por su calificación urbanística, por el largo, largísimo tiempo que les espera para poder desarrollarse; y saben que existen otros viables a medio plazo que necesitan “acomodar” sus precios a la realidad de los próximos diez o veinte años, y que eso pasa por “descontar” entre un treinta y un cincuenta por ciento del precio por el que fueron adquiridos o de la hipoteca que actualmente les respalda. Una rebaja que se le puede hacer al empresario deudor o al comprador final, todo es cuestión de tiempo, de riesgo con la empresa o con el usuario, de enumerar ventajas e inconvenientes y decidir que el “tiempo de cobro” o de minoración del riesgo de cara a ese gendarme que es el Banco de España es uno de los primeros factores a tener en cuenta. En este apartado las nuevas normas lanzadas por el gobernador Fernández Ordóñez dejan aún más claro el panorama: más tiempo en cartera, más penalización.

Quedan las operaciones viables a corto plazo, esos suelos o promociones a medio construir o a medio vender que sólo esperan a que les llegue el dinero, la financiación necesaria para cumplir con su papel en el mercado, y al tiempo oxigenar la economía nacional con su efecto expansivo. Si eso se ha conseguido en el sector de la automoción con un aumento “sorprendente” en las ventas ( más de un 60% respecto al año anterior ), ¿ por qué no puede ocurrir lo mismo en la vivienda?. Tal vez por no haberse encontrado el click desencadenante. Y éste no es otro que el dinero al alcance de los bolsillos empresariales y particulares.

Son operaciones en las que el precio de la vivienda, sobre todo, no es el centro de la cuestión. Eso sí, si hablamos por debajo de los 180.000 euros, o lo que es lo mismo el precio de la vivienda protegida más cara o el de la libre más barata. Ese territorio que dominaban las gestoras de cooperativas y que ahora está abierto a todas las empresas que puedan garantizar que sus compradores cumplen con los requisitos que exigen bancos y cajas, con el colectivo de los funcionarios de las distintas administraciones a la cabeza. Es el primero de los territorios a conquistar y explotar, el primer paso en la cada vez más urgente revitalización del sector, al margen de la deuda de sus principales empresas. Una deuda que todos los implicados saben que es impagable y de la que todos son responsables ya que se alimenta desde su nacimiento de dos factores íntimamente unidos: la decisión y necesidad de crecer a través de la compra de millones de metros cuadrados de suelo casi a cualquier precio; y de la necesidad y decisión de crecer societariamente a través de compras y fusiones financieras. Hubo mucho dinero en crédito para ambas cosas y si los empresarios son los primeros responsables y los primeros en afrontar sus consecuencias, los bancos y cajas no le van a la zaga. Y vuelvo a lo dicho unas líneas antes: las necesarias e imprescindibles rebajas en las valoraciones o tasaciones de los bienes, ya sean suelo o viviendas, se debe contemplar desde los dos lados: primero las empresas, que ya lo han hecho; luego, las entidades financieras, que no tienen más remedio. Eso o el camuflaje y volver a comenzar el desastroso camino de los derivados que no valían ni la mitad, de la mitad de lo que decían los títulos que representaban.

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