Bono parece haber ganado la primera batalla a Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP que se ha empeñado en investigar todas sus cuentas. El fiscal del Supremo, Juan Martín Casallo, ha dictaminado que las pruebas presentadas por el PP sobre el enriquecimiento del presidente del Congreso, no prueban nada y que no hay indicios de que haya concedido favores tanto a Francisco Hernando, el Pocero de Seseña, como a Rafael Santamaría, dueño de Reyal-Urbis.

El primero había hecho obras en la hípica que tiene el hijo de Bono, José, en Toledo, y el segundo había “rebajado” medio millón de euros –según el PP- a Bono en una permuta de un piso en Madrid por unos apartamentos en Estepona. El fiscal también ha revisado la construcción de una urbanización construida por Reyal en unos terrenos situados en la nueva estación del Ave en Guadalajara que pertenecían además a una tía de Esperanza Aguirre, sin encontrar ninguna cosa irregular.

Al fiscal Martín Casallo le parece también normal el enriquecimiento de la pareja formada por Bono y su mujer, que el PP había calificado como no justificados, afirmando que provienen de fuentes lícitas, como son una herencia y las actividades profesionales de ambos.

Esta jarra de agua fría sobre Cospedal ha quedado, sin embargo, matizada por el Tribunal de Cuentas que ha remitido el “caso Seseña” a la Fiscalía Anticorrupción después de que el fiscal de este ente, Olayo Eduardo González, apreciase indicios de posibles delitos cometidos por el Pocero, Francisco Hernando, sin que la Junta de Castilla La Mancha hiciera nada por evitar las ilegalidades y las irrgularidades urbanísticas que estuvo denunciando durante años Izquierda Unida. De hecho, Cayo Lara, actual coordinador general estatal de IU, se dio a conocer a través de este escándalo. Así que el “caso Bono” se cierra y se abre continuamente.