La Sala Segunda del Tribunal Supremo quiere que el Fiscal superior de Galicia investigue la posible ilegalidad del Acuerdo suscrito por el ayuntamiento de Ferrol, en marzo pasado, a favor del magistrado Baltasar Garzón sonde se pedía al CGPJ que no le suspendiera en su funciones y se denunciaba la campaña contra el juez de la Audiencia nacional por intentar investigar los crímenes del franquismo.

El acuerdo municipal, votado por 15 de los 35 concejales del ayuntamiento del municipio en el que nació Franco, fue comunicado por el alcalde Vicente Irisarri al propio juez instructor de la causa contra Garzón, Luciano Varela, y éste lo remitió a la Sala que instó a Cándido Conde Pumpido a investigar la decisión municipal. Este lo que ha hecho ha sido remitirlo a su vez al Fiscal General de Galicia “a fin de que proceda a llevar a cabo la información oportuna con el objeto de determinar las circunstancias y la posible trascendencia jurídica del hecho”.

El Acuerdo municipal, aprobado a instancias de la portavoz de IU, Yolanda Díaz, tuvo los votos a favor de los concejales del PSOE, BNG y la propia IU, en contra los tres independientes y la abstención de los siete miembros del PP.

Se da la circunstancia de que una de las primeras cosas que hicieron los franquistas tras el golpe de estado contra la República fue fusilar al alcalde republicano Jaime Quintanilla. Su hijo, del mismo nombre, fue el primer alcalde elegido democráticamente en las primeras elecciones municipales de 1979.