Políticos del PSOE e IU en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid han apoyado hoy las reivindicaciones de los trabajadores del Centro de Especialidades Pontones (ronda de Segovia) en contra de la cesión de la gestión del laboratorio al grupo Capio y han cuestionado la legalidad de la medida.

Según ha indicado a EFE la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, que acudió hoy junto a la responsable de sanidad de su grupo, Caridad García, y los políticos socialistas David Lucas, Helena Almazán y Lucas Fernández, muchos de los trabajadores del centro de Salud, y todos los del laboratorio, deberán buscar otro destino en cuanto lleguen los empleados de Capio.

Los trabajadores del centro supieron ayer de manera oficial que el día 12 de mayo se cierran los laboratorios, que pasarán a ser gestionados por el grupo Capio, y que a partir del 19 muchos de los profesionales sanitarios que actualmente trabajan allí deberán buscar otro destino, ante la llegada del nuevo personal.

Ante esta situación, ha explicado Sabanés, los trabajadores se han reunido hoy en una asamblea, que "está siendo masiva", y cuyos resultados serán "definitivos" en cuanto a las decisiones que tomen.

Para Sabanés, lo que está ocurriendo en el centro de Pontones "es continuación de un proceso que se inició con los hospitales y que puede llegar a la atención primaria: puede ser el comienzo de una situación que haga visibles para los ciudadanos los efectos de la privatización".

En ese sentido, ha añadido que "dudamos mucho de la legalidad del proceso", ha indicado la responsable de IU, que no descarta tomar otras medidas, no sólo con iniciativas en la Asamblea de Madrid, "sino también en la calle".

También el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, manifestó su apoyo a los trabajadores "ante las intentonas de la Comunidad de Madrid de privatizar la sanidad pública".

Desde su punto de vista, es condenable asimismo que "esta privatización se ha hecho con nocturnidad y alevosía porque los trabajadores no se enteraron de nada, y los grupos parlamentarios tampoco".

"Lo que se intenta -en su opinión- es avanzar en el proceso de externalización para que haya dos puertas en la sanidad pública, una para los que lo puedan pagar y otra para los que no", ha concluido el concejal, que calculó en "unas 400.000 personas las que van a depender de centros donde están externalizados los servicios".

Según han detallado los trabajadores de este centro, responsables del Hospital Doce de Octubre informaron ayer al personal del laboratorio de que, una vez se encargue de los análisis el grupo Capio, "cesa la actividad de este laboratorio y deberán buscar otros centros de trabajo".

IU ya ha pedido "explicaciones urgentes" al Gobierno y ha criticado la actitud del consejero Juan José Güemes por "no contestar claramente" si se está desmantelando la Sanidad pública.

En ese sentido ha señalado que desde el pasado 28 de abril la planta cuarta de Pontones está "ocupada" por personal de Capio, "sin que se sepa hasta el momento si la gestión de este grupo empresarial se extenderá a otras plantas de este centro o a otros centros".

Por otra parte, el presidente del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Óscar Iglesias, ha denunciado hoy que en algunos centros de salud de Madrid no se dispensa la píldora del día después, gracias a que el consistorio permite "una suerte de objeción de conciencia encubierta".

Por esta razón, Iglesias planteará una pregunta sobre este tema en el pleno de la Junta Municipal de Arganzuela que se celebrará esta tarde.

En un comunicado, los socialistas han puesto como ejemplo el centro de salud del paseo de la Chopera, donde aseguran que algunos facultativos del turno de tarde se niegan a dispensar la píldora del día después.

Varios militantes de Juventudes Socialistas, según la nota, comprobaron que varios médicos alegaban razones de conciencia o criterio personal para negarse a recetar dicha píldora.

Iglesias ha recordado que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, prometió en su programa electoral del 2007 que la píldora del día después se recetaría gratuitamente en los centros de salud madrileños, por lo que ha exigido al Ayuntamiento que garantice que todos los médicos se ajusten únicamente a criterios profesionales y faciliten la píldora a todas las usuarias que la demanden.